- En la instancia organizada por la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR), la fundación pontificia presentó las principales conclusiones del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 relativos a Chile y advirtió que nuestro país permanece, por tercer informe consecutivo, en la categoría de países «bajo observación».
Con la participación de autoridades de Gobierno, representantes del mundo académico, organizaciones de la sociedad civil y líderes religiosos, la Oficina Nacional de Asuntos Religiosos (ONAR) realizó el conversatorio «Templos Quemados, Fe Intacta», instancia destinada a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la libertad religiosa en Chile y la necesidad de fortalecer su protección.
La actividad fue inaugurada por el director nacional de la ONAR, Christian Jara, quien destacó el valor del diálogo entre el Estado, las comunidades religiosas y la sociedad civil, y relevó el futuro rol que desempeñará el Observatorio de Libertad Religiosa y No Discriminación, una nueva herramienta que permitirá registrar, monitorear y sistematizar hechos de violencia, vandalismo y restricciones al ejercicio de la libertad de culto en el país.
En tanto la subsecretaria de la Secretaría General de la Presidencia, Constanza Castillo, afirmó que «un templo es mucho más que una estructura física; representa la identidad, la comunidad y la esperanza viva de las personas». En ese sentido, sostuvo que los ataques contra estos espacios no solo destruyen infraestructura, sino que afectan directamente el ejercicio de un derecho humano fundamental: la libertad de religión, de creencias y de culto.
Asimismo, señaló que fortalecer la democracia exige proteger de manera efectiva los derechos fundamentales y valoró a la ONAR como un espacio articulador entre el Estado, las comunidades religiosas, la academia y la sociedad civil.
Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos, Pablo Mira, reafirmó que la libertad de conciencia, pensamiento y religión constituye uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos y manifestó su preocupación por los ataques e incendios que han afectado a templos e iglesias en Chile.
Durante su intervención recordó que la Declaración Universal de los Derechos Humanos, adoptada el 10 de diciembre de 1948, nació como respuesta a las persecuciones religiosas y atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, reafirmando la dignidad humana, la libertad de conciencia y la fraternidad como principios esenciales.
Chile continúa «bajo observación»
Durante el conversatorio, la directora nacional de Ayuda a la Iglesia que Sufre en Chile (ACN Chile), Magdalena Lira, presentó las principales conclusiones del Informe Libertad Religiosa en el Mundo 2025 relativos a nuestro país.
En su exposición explicó que Chile permanece, por tercer informe consecutivo (2021, 2023 y 2025), en la categoría de países «bajo observación».
Lira explicó que esta clasificación constituye un mecanismo de alerta temprana frente a hechos reiterados que afectan la libertad religiosa, entre ellos, el persistente patrón de ataques e incendios contra iglesias y templos, la escasa judicialización de estos delitos y el riesgo de que la violencia contra estos espacios termine normalizándose.
La directora de ACN Chile también abordó los desafíos legislativos que hoy enfrenta la libertad religiosa, señalando que materias como la objeción de conciencia, las reformas a la regulación de la enseñanza religiosa y la legislación antidiscriminación, requieren un equilibrio que permita resguardar tanto las libertades civiles como la autonomía de las comunidades religiosas.
«El desafío consiste en construir espacios de diálogo donde la diversidad de ideas no implique la marginación o el silenciamiento de las creencias religiosas», señaló.
Desafíos jurídicos y políticas públicas
La abogada e investigadora del Centro UC de Derecho y Libertad Religiosa, Paulina Eyzaguirre, profundizó en los desafíos jurídicos y sociopolíticos que enfrenta el ejercicio de la fe en el espacio público. Entre ellos mencionó la necesidad de fortalecer la formación sobre libertad religiosa como derecho humano fundamental dentro del sistema judicial y contar con registros actualizados que permitan evaluar la eficacia de la protección penal frente a ataques contra templos.
En este contexto, los expositores coincidieron en destacar la importancia del futuro Observatorio de Libertad Religiosa y No Discriminación de la ONAR, el que permitirá generar información sistemática para orientar políticas públicas preventivas, combatir la impunidad y fortalecer la protección de las comunidades creyentes.
La necesidad de fortalecer la institucionalidad
El doctor en Historia e investigador de la Universidad San Sebastián, Javier Castro, presentó los resultados de un estudio que evidencia la escasa consideración de la dimensión religiosa en distintas instancias gubernamentales y comisiones oficiales.
A su juicio, resulta urgente fortalecer la institucionalidad dedicada a esta materia e implementar observatorios y sistemas de alerta temprana frente a hechos de violencia e intolerancia religiosa, siguiendo experiencias internacionales desarrolladas para monitorear fenómenos como el antisemitismo y los conflictos religiosos en distintos países.
El encuentro concluyó con la presentación de la periodista e investigadora de El Líbero, Pía Orellana, autora del documental Ardieron en Silencio, quien compartió el proceso de investigación que permitió documentar la quema de 296 templos durante los últimos diez años en Chile, advirtiendo que la cifra podría ser incluso mayor debido a la falta de registros oficiales sistemáticos.
El conversatorio reafirmó la importancia de avanzar hacia políticas públicas que permitan prevenir la violencia contra los lugares de culto, fortalecer la protección de la libertad religiosa y promover una cultura de respeto hacia la diversidad de creencias presente en la sociedad chilena.