El impuesto municipal sobre la propiedad en Israel, conocido como «Arnona», se ha convertido en el centro de un nueva controversia entre las Iglesias y el Ayuntamiento de Jerusalén. Los líderes cristianos temen que el cuestionamiento de las exenciones de las que gozan determinados bienes eclesiásticos pueda poner en peligro sus actividades religiosas, educativas y sociales. En conversación con Ayuda a la iglesia que Sufre (ACN), Mons. William Shomali, obispo auxiliar del Patriarcado Latino de Jerusalén, analiza lo que está en juego en esta cuestión y aboga por un compromiso que preserve las exenciones históricas de las Iglesias cristianas.
La Autoridad Palestina anunció el 27 de junio de 2026 que Mahmud Abás había escrito al papa León XIV y a varios líderes internacionales para denunciar la imposición fiscal prevista de los bienes eclesiásticos en Jerusalén en el marco del «Arnona». ¿Cuál es su opinión respecto a esta iniciativa? ¿Puede contribuir a proteger los derechos históricos de las Iglesias?
Hay dos razones por las que el presidente Mahmud Abbas apoya la postura de las Iglesias frente al proyecto de gravar con impuestos los bienes eclesiásticos en Jerusalén Este. Por un lado, la Autoridad Palestina considera Jerusalén Este como territorio ocupado y sostiene que Israel no tiene derecho a imponer allí tributos sobre los bienes eclesiásticos. Por otro, el presidente desea preservar los derechos históricos de las Iglesias, en particular los derivados de los Acuerdos de Mitilene de 1901, que forman parte de una serie de convenios entre el Imperio Otomano y Francia suscritos hace más de un siglo. Estos acuerdos contribuyeron a consolidar las exenciones fiscales de las iglesias e instituciones francesas en Tierra Santa. [Nota del editor: La controversia sobre el «Arnona» se inscribe ahora en un marco más amplio, que afecta a todas las instituciones eclesiásticas de Jerusalén, y no solo a aquellas históricamente vinculadas a los regímenes consulares mencionados anteriormente.] Dichas exenciones fueron respetadas durante el Mandato Británico e incluso por Israel en los años posteriores a la independencia, en 1948, y nunca han sido derogadas oficialmente. La carta del presidente palestino constituye, por tanto, un importante recordatorio de esta dimensión histórica y jurídica. Ayuda a situar el asunto en el centro de la atención internacional, aunque por sí sola no tenga la fuerza necesaria para imponer una solución inmediata.
En términos concretos, ¿cuáles serían las consecuencias para las Iglesias si el Ayuntamiento de Jerusalén aplicara plenamente el impuesto «Arnona» a los edificios que actualmente están exentos?
Hay que distinguir entre las actividades con ánimo de lucro, como ciertas casas de huéspedes para peregrinos, y las instituciones con fines estrictamente religiosos, educativos o sociales. Si el Ayuntamiento decidiera aplicar con carácter retroactivo el impuesto «Arnona» a las actividades lucrativas, las cantidades reclamadas podrían ascender a varios millones de euros, sobre todo si se tienen en cuenta los últimos treinta años, período durante el cual esta disputa ha enfrentado a las Iglesias con las autoridades israelíes. En cambio, si se alcanzara un acuerdo sobre las actividades con ánimo de lucro, es probable que las Iglesias solo tuvieran que pagar el impuesto en el futuro, sin efecto retroactivo. En cuanto a las escuelas, hospitales, centros sociales e instituciones puramente religiosas, las Iglesias esperan seguir beneficiándose de las exenciones tradicionales debido a su misión educativa, caritativa y espiritual.
Esta controversia recuerda a la crisis de 2018, cuando las cabezas visibles de las Iglesias cerraron las puertas del Santo Sepulcro para protestar contra un proyecto similar. ¿Teme que esta nueva cuestión suponga un paso más en la presión ejercida sobre las instituciones cristianas de Jerusalén, o cree que es posible alcanzar un compromiso?
Esperamos que siga siendo posible alcanzar un compromiso. Este podría consistir en que las actividades claramente lucrativas contribuyan a sufragar los gastos municipales de los que se benefician, mientras que se mantengan las exenciones concedidas a los lugares de culto, salas parroquiales, cementerios e instituciones religiosas, educativas y caritativas. El principal reto es definir con precisión qué constituye una actividad comercial y qué pertenece a la misión pastoral, social o religiosa de las Iglesias. Sobre esta distinción podría basarse una solución equilibrada y aceptable para todas las partes. [Nota del editor: Dado que más del 80% de los peregrinos son cristianos, las iglesias y las comunidades cristianas contribuyen de manera significativa a la economía israelí y, al mismo tiempo, financian numerosos servicios sociales y educativos abiertos a toda la población].
En el contexto regional particularmente difícil que atraviesa hoy la Tierra Santa, ¿qué mensaje le gustaría enviar a los benefactores de ACN y, en general, a todos aquellos que apoyan a las comunidades cristianas con sus oraciones, su solidaridad y su generosidad?
Estamos profundamente agradecidos a ACN y a sus generosos benefactores. Su solidaridad nos permite sostener nuestras instituciones, apoyar la vida de nuestras parroquias y continuar nuestras actividades pastorales. Gracias a su ayuda, también podemos acompañar a las familias cristianas más vulnerables, que actualmente atraviesan un período especialmente difícil debido a la guerra, la crisis económica y la falta de empleo. Les damos las gracias de todo corazón por su fidelidad, sus oraciones y su generosidad. Su cercanía espiritual y material es un signo de esperanza para los cristianos de Tierra Santa y les ayuda a permanecer en la tierra donde nació el cristianismo.