El régimen de Eritrea se apodera de todos los servicios de salud administrados por católicos.
Miles de personas enfermas en toda Eritrea están siendo privadas de atención médica vital después de que el gobierno confiscó tres hospitales, dos centros de salud y 16 clínicas.
Los soldados del gobierno forzaron a los pacientes a retirarse de sus camas y salir fuera de las clínicas cuando confiscaron los 21 institutos de salud administrados por la Iglesia Católica, que atienden a al menos 170.000 personas cada año.
Fuentes cercanas a la Iglesia Católica dijeron a “Ayuda a la Iglesia que Sufre” que, a menos que los servicios se reanuden rápidamente, la gente podría morir, y algunos tendrían que caminar hasta 25 kms. para acceder a algunas de las clínicas.
Los cuatro obispos de Eritrea condenaron la acción en una carta dirigida a la ministra de salud de Eritrea, Amna Nurhusein.
La carta anuncia su negativa a cooperar con el programa de confiscación, una acción que termina con locales de servicios de salud de la Iglesia Católica, algunos de los cuales datan de más de 70 años.
Llamando a la medida “profundamente injusta”, la carta dice: “Privar a la iglesia de estas… instituciones es socavar su propia existencia, y exponer a sus trabajadores, a los religiosos y religiosas y a los laicos, a la persecución…”
La carta, de la cual se envió una copia a “Ayuda a la Iglesia que Sufre”, continúa: “Declaramos que no entregaremos nuestras instituciones por nuestra propia voluntad”.
La fuente de ACN dijo: “El personal de algunas clínicas se negó a entregar las llaves para que los soldados irrumpieran en ellas”.
“Es deber de la Iglesia cuidar de los enfermos, los pobres y los moribundos; nadie, ni siquiera el gobierno, puede decirle a la Iglesia que no haga su trabajo”.
“Nuestras instalaciones médicas seguían fielmente las instrucciones del Ministerio de Salud y la mayoría de las veces, los supervisores del ministerio las apreciaban mucho”.
La fuente católica dijo que el gobierno quería ser el único proveedor de atención médica, pero que la mayoría de las personas prefería los institutos administrados por católicos, ya que los estatales generalmente tienen poco equipamiento y escasez de personal, y muchos buscan asilo en el extranjero.
El contacto dijo: “Al proporcionar estos servicios, la Iglesia no está compitiendo con el gobierno, sino que simplemente está complementando lo que el gobierno está haciendo“.
No está claro si el régimen intentará reabrir los institutos más tarde. El contacto de ACN dijo que los institutos de salud católicos que el régimen había incautado hace dos años, siguen cerrados.
La medida es una nueva estocada a la Iglesia que ya tuvo que defender, con anterioridad, su derecho a tener escuelas y enseñar a los pequeños.
La Iglesia Católica vive una situación difícil, pues las autoridades demandan control de todas las organizaciones religiosas, como escuelas, clínicas, orfanatos y otras instituciones de innegable importancia para la población del país.