Su arresto representa el siguiente paso de una presión policial contra su persona que había empezado el 4 de agosto, con el bloqueo a la curia de todos los accesos por agentes policiales. Según el comunicado oficial publicado por la policía más tarde, el operativo se realizó “cumpliendo funciones constitucionales de resguardo de la seguridad, la tranquilidad y la paz de las familias nicaragüenses”.
“Lo ocurrido es un escalafón más en una espiral de confrontación. Estamos viviendo un proceso de silenciamiento de la Iglesia en Nicaragua. Hoy se viven tiempos difíciles en Nicaragua. Debemos apoyarles como sea posible. Hay que rezar y pedir para que haya una solución pacífica y no un incremento de hostilidades”, expresa Lynch.
Monseñor Álvarez, que además de obispo de la diócesis de Matagalpa es administrador apostólico de la sede vacante en la diócesis de Estelí, se encuentra en estos momentos en su casa familiar cerca de Managua custodiado por la policía. Tres sacerdotes, un diácono, dos seminaristas y un camarógrafo fueron detenidos con él y siguen presos en la cárcel El Chipote, situada en Managua y donde se encuentran los presos políticos.
En estos momentos son seis los sacerdotes detenidos en el país, además de los tres mencionados, dos sacerdotes de Granada y un sacerdote misionero de Siuna están encarcelados. El último desde el 14 de agosto, sin cargos conocidos.
190 ataques en cuatro años
Monseñor Álvarez ha sido una de las voces que ha denunciado la crisis social que vive el país en los últimos años. En menos de cuatro años, la Iglesia católica ha sufrido más de 190 ataques y profanaciones en el país, como indicaba el último estudio de Martha Patricia Molina Montenegro, “Nicaragua: ¿Iglesia perseguida? (2018-2022)”.
Además de represiones concretas contra algunos miembros del clero - incluyendo la expulsión del nuncio apostólico en marzo- hay que citar otras medidas de presión como la prohibición de procesiones en las calles, la interrupción de celebraciones religiosas, la intimidación de fieles por despliegues policiales alrededor de iglesias y la amenaza a dueños de transporte de la pérdida de su vehículo si colaboran en la participación de fieles en una actividad religiosa.
Además, el gobierno ha cerrado cientos de organizaciones no gubernamentales, algunas religiosas o llevadas por congregaciones religiosas. Entre otras medidas criticadas ampliamente por la opinión pública está la expulsión de las religiosas de la Madre Teresa de Calcuta que realizaban un trabajo a favor de los más desprotegidos y el cierre del canal de televisión de la conferencia y otras ocho radios católicas.