En una nota publicada recientemente, el Consejo Unido de Iglesias de Irán condenó la «represión sistemática contra las mujeres» y las «violaciones de los derechos humanos en Irán», reivindicando el derecho y las aspiraciones de todas las personas a la «libertad, la justicia y la igualdad de derechos».
En el texto se lee: «Al igual que muchas personas de nuestro país que protestaron en las calles con una valentía sin igual tras la muerte de Mahsa, nos oponemos a la imposición del hiyab al pueblo iraní«, que se caracteriza por su diversidad a nivel «religioso, étnico, cultural e ideológico». Estas imposiciones son una «clara violación de los derechos humanos».
En las últimas semanas, Article18, un sitio activista cristiano, había informado de las «advertencias» de líderes y parlamentarios cristianos en Irán, que pedían a los creyentes “no involucrarse» en las protestas. Según algunas fuentes, decenas de jóvenes caldeos y asirios, que asistieron a manifestaciones en el pasado reciente y publicaron mensajes de apoyo en las redes sociales, recibieron llamadas telefónicas de dirigentes eclesiásticos en las que se les advertía que “serían arrestados de un momento a otro» si no «paraban». En respuesta, muchos dijeron que «sí, son cristianos, pero también iraníes” y que dado que “vivimos en este país, y esta es nuestra patria» su intención era participar en la lucha común por la libertad y los derechos.
En Irán viven unos 25.000 cristianos, que junto con unos 100.000 armenios constituyen la comunidad «reconocida» por la República Islámica. A ellos hay que añadir los musulmanes conversos, que no son contabilizados por Teherán -y muchas veces son perseguidos.
Las protestas comenzaron tras la muerte de la joven de origen kurdo a mediados de septiembre y se han convertido en un levantamiento popular en defensa de la libertad y los derechos. Los analistas y los expertos consideran que es la amenaza más grave para el régimen de los ayatolás desde 1979. Sin embargo, hay pocas posibilidades de que esto socave el poder de las autoridades, que acusan a Occidente de «fomentar» las manifestaciones. En respuesta, la policía mató a casi 400 manifestantes, entre ellos decenas de menores, y detuvo a miles de personas, seis de las cuales ya han sido condenadas a muerte.